La “profundización del populismo” ahora decidirá sobre salarios e inversiones de las empresas

El país se encamina a una nueva etapa en la que el Gobierno tendrá influencia directa en cada una de las ramas de actividad y en la toma de decisiones de varias compañías. Asoma una suerte de “gestión mixta” entre Estado y privados. El temor al nuevo comité y lo que viene, según analistas.

La "profundización del populismo" ahora decidirá sobre salarios e inversiones de las empresas

Al final, parece que Roberto Feletti tenía razón. El año pasado, en plena campaña electoral, se había armado un gran revuelo político cuando el entonces viceministro de economía (actual diputado K) había dicho que, tras la reelección de Cristina Kirchner, debería comenzar una “radicalización del populismo”.

La explicación era que, una vez ganada la “batalla cultural”, lo que debería hacerse esestablecer si las rentabilidades en cada rama de actividad resultan adecuadas o excesivas.

El objetivo, según esa visión, era captar “factores de renta”.

En aquel momento hasta los ministros del Gobierno se asustaron por la contundencia de la frase y tuvieron a salir a realizar declaraciones tranquilizadoras. Garantizaron que no animaba al oficialismo un espíritu intervencionista sobre la actividad privada.

Sin embargo, hoy, tras el “packaging” más aceptable y marketinero de la “política de sintonía fina”, cada nueva medida va dejando al descubierto que aquella predicción se cumple paso a paso.

“Es que el intervencionismo está en la naturaleza del Gobierno“, comenta Sergio Berensztein, director de la consultora Poliarquía, luego de que Cristina Kirchner anunciara laformación de un comité que será el encargado de analizar la rentabilidad de cada sectorpara determinar así cuál puede ser su nivel de ajuste salarial.

“Se está imponiendo en el Gobierno la visión de que como lo que se hizo hasta ahora salió bien -y que el intervencionismo económico tuvo buen resultado en un momento recesivo-entonces ahora hay que profundizarlo. Y que el Estado siempre va a saber más que los privados, sean empresarios o trabajadores”, sostiene el experto.

Como muchos de sus colegas, expresa preocupación por lo que considera como un grado adicional de injerencia sobre la actividad privada, en la que ya no alcanza con determinar quién puede comprar dólares, o qué importación es necesaria, sino además:

  • Cuáles deben ser los niveles “ideales” de rentabilidad de una empresa.
  • Qué inversiones debe priorizar y cuál es el monto que comprometerá.
  • Si las remuneraciones de sus ejecutivos (presidentes, directores o asesores externos) son acordes a ciertos parámetros, tales como desembolsos efectuados para ampliar su capacidad de producción o bien los aumentos salariales previstos para su nómina de personal.

Sintonía fina, ¿sinónimo de gestión mixta?
La formación de un comité estatal -encargado de analizar la rentabilidad en cada actividad- es interpretado por muchos analistas como una suerte de “gestión mixta” (Estado y privados), que tocará de cerca a varios sectores y, en el caso de que éstos ejerzan influencia en el índice de inflación, hasta podría afectar de manera directa la toma de decisiones engrandes firmas.

Es que, en definitiva, dicho comité será el que tenga la última palabra a la hora de aprobar o rechazar la validez de un acuerdo salarial.

Por lo pronto, el hecho de que sea conducido por Axel Kicillof, el joven economista de La Cámpora que se ha convertido en un abanderado del intervencionismo estatal, deja bien en claro el camino que el Gobierno busca transitar.

Si el criterio de acción del nuevo comité debe juzgarse a la luz de sus antecedentes, aquellos que miran con recelo la injerencia gubernamental sobre los directorios de las empresastienen fundadas razones para preocuparse.

Antes de ser designado secretario de Política Económica, Kicillof ocupó una silla en el directorio de Techint, en representación del Estado. Su pasaje estuvo teñido de ruido político. Primero, por la negativa de la firma a tenerlo en su conducción. Segundo, por sus posturas contra el directorio.

Allí, cuestionó la política inversora de Techint, por tener en carpeta la concreción de proyectos en el exterior (algo normal y necesario para cualquier empresa de presencia transnacional) y pidió que se revisara para priorizar inversiones locales.

Ahora, con más poder y con la confianza explícita de la Presidenta, pasará a ocupar un rol protagónico en las negociaciones salariales y, probablemente, en la política de inversión privada.

Otra “nominación” que sorprende (o deja a las claras el objetivo final del Ejecutivo) es la de Débora Giorgi (actual ministra de Industria y “veedora” de las inversiones de cada compañía) en un comité que decidirá por salarios.

“No es necesario leer la letra chica para saber lo que se viene”, señaló aiProfesional.com, con cierto dejo de preocupación, un alto ejecutivo de una empresa de alimentos.

Protección oficial cada vez más cara
La visión que comienza a cobrar forma entre los analistas es que la nueva estrategia del Gobierno tiene como objetivo evitar que haya empresas que utilicen el argumento de queno pueden invertir por causa del incremento en el costo salarial derivado de las paritarias.

“Es probable que la Presidenta haya querido mandar el mensaje a las empresas de que se pongan firmes en la negociación con los sindicatos y que no acuerden más allá de sus posibilidades“, señala Ernesto Kritz, director de la consultora SEL.

Y agrega: “Ella sabe que van a dar más del 18% que pretende el Gobierno y teme que las inversiones terminen siendo la variable de ajuste“.

Esa estrategia, en definitiva, va en línea con el tipo de exigencia que funcionarios de otras áreas -como Guillermo Moreno- piden como “moneda de cambio” a las empresas para otorgarles cobertura frente a productos que llegan más baratos del exterior.

Para muchos ejecutivos de negocios, el comprometerse a no aumentar precios, acontratar trabajadores, a exportar para importar, a abastecer el mercado en tiempo y forma o sustituir importaciones rápidamente -entre otras cuestiones- se ha ido transformado en algo que cada vez resulta más difícil de cumplimentar (ver nota: “Hasta el Made in Argentina tiembla: las ‘excepciones’ llegan a su fin y empresarios temen por lo que se viene“).

Algunos, no obstante, no pierden las esperanzas de que la nueva política salarial del Gobierno permita pedir algún beneficio adicional.

Así lo explica, off the record, un miembro de la Unión Industrial Argentina: “Puede darse el caso de que tanto los trabajadores como los empleadores tengan razón, por ejemplo que las empresas aducen baja rentabilidad mientras el sindicato pide un 20% de aumento para compensar la inflación. Entonces esta comisión del Gobierno puede ayudar por la vía de mejorar la competitividad de ese sector a través de políticas puntuales”.

Alcances de la iniciativa oficial
Lo que todavía no aparece muy claro es qué tan lejos llegará el accionar del comité dirigido por Kicillof: ¿se limitará a actuar en casos de desacuerdo o, por el contrario, será el árbitro de hecho de todas las paritarias?

Para Julián de Diego, uno de los más influyentes abogados laboralistas, no hay dudas: la razón de ser de este nuevo organismo será más política que técnica y abarcará a la totalidad de las negociaciones.

“Hasta ahora, lo que hacía el Gobierno desde el ministerio de Trabajo era observar cuando había incumplimientos formales, como la existencia de cláusulas indexatorias prohibidas por ley. Pero esto es diferente y va a traer bastante ruido“, sostiene.

La predicción que realiza De Diego es que el nuevo comité hará una evaluación política de cada paritaria, analizando los niveles de productividad y rentabilidad que juzgue correctos para cada sector. “Y eso conlleva cierto grado de discrecionalidad“, apunta.

En todo caso, lo que sí ha dejado en claro la propia Presidenta es que no habrá un objetivo fijo de ajuste salarial general del 18%, como habría trascendido.

Más bien, se avanzará en “techos móviles”, que estarán también ligados a la meta de impedir una presión inflacionaria adicional.

Esta parte de los anuncios no suena mal a los oídos de los empresarios que, por primera vez desde que se reinstauraron las paritarias, sienten que el Gobierno puede pasar a jugar un rol más cercano a su postura que a la de los sindicatos.

“La medida es adecuada y oportuna, porque muchas veces ocurre que las acuerdos por salarios se discuten sin suficiente información técnica de apoyo y entonces se manejan con sensaciones pero sin certezas”, afirma Carlos de la Vega, titular de la Cámara Argentina de Comercio.

En tanto, desde el sector industrial, Julio Rodríguez, titular de la agremiación Grupo Proa de la industria autopartista, considera que el Gobierno “pretende ponerle un límite a cada gremio, pero no a partir de establecer un techo a las paritarias”.

Pero no todos son tan optimistas sobre la capacidad del Ejcutivo para evitar situaciones conflictivas.

“El Gobierno percibe ahora que la forma de crecer y evitar la inflación es mediante lareinversión de utilidadesPero esto se da después de ocho años en los cuales lossindicatos obtuvieron aumentos por encima de la suba de precios y ganaron mucho poder. Eso va a traer inconvenientes“, pronostica De Diego.

El problema de mirar sólo la rentabilidad
Hay, además, otras problemáticas que los analistas apuntan en la nueva política. La primera radica en la dificultad de determinar la rentabilidad empresaria.

“Un balance puede mostrar una gran ganancia nominal pero, en términos reales, puede ser un margen pequeño por causa de la inflación. Así que todo el análisis puede verse distorsionado“, argumenta Kritz, para quien el uso de ese parámetro puede traer inconvenientes a la hora de determinar cuánto debe dar de aumento una empresa.

Pero además, aun cuando hubiera consenso respecto de este punto, surgen problemas adicionales. Y pasan por la determinación de qué es una rentabilidad “normal”.

Ya desde las polémicas declaraciones de Feletti sobre la “radicalización del populismo” habían surgido advertencias en ese sentido. Como la del ex ministro Rodolfo Terragno, quien planteaba: “¿Cómo revisará el Estado las matrices de negocios? ¿Hay una definición de “renta indebida” que impida la arbitrariedad?”.

Para Berensztein, de Poliarquía, es clara la respuesta a esa pregunta: no hay forma de instrumentar el nuevo plan sin que se generen daños colaterales.

“El Gobierno se equivoca al querer analizar la rentabilidad por sector y no por empresa. Dentro de una industria puede haber realidades muy diferentes”, sostiene.

“Además, es muy riesgoso sacar conclusiones mirando sólo ese indicador. Tomemos como ejemplo a una empresa que el año pasado obtuvo ganancias pero que viene de cuatro años previos de pérdida. ¿Quién determina si ahora tiene rentabilidad alta?”, se plantea el politólogo.

Pero también marca un cuestionamiento respecto de lo que parece ser el objetivo del Gobierno con esta nueva política salarial. Es decir, la concreción de inversiones que traigan “oxígeno” a una economía que empieza a dar señales de agotamiento.

Berensztein considera que “en ningún lugar del mundo se va a convencer a un empresario a realizarlas bajo presión”.

Sobre este punto, cabe recordar la contundente frase de Debora Giorgi -integrante del flamante comité- que causara sorpresa a los ejecutivos de negocios cuando, días atrás, afirmara: “Creemos en el comercio administrado de zanahoria y garrote”.

Según Berensztein, “si el Gobierno cree que esa es la forma en la que va a conseguir equilibrar el saldo comercial, se equivoca”.

Fuente: Iprofesional